El año 2019, la población chilena atravesó uno de los momentos de mayor tensión social desde que Chile recuperó su democracia en 1990. Luego de 30 años de transición democrática, donde el modelo de desarrollo social, político y económico impuesto en la dictadura, se mantuvo prácticamente inalterado, decenas de miles de personas confluyeron espontáneamente a las calles para dar un mensaje inequívoco: el modelo había llegó a su fin y necesitaba cambiarse.
En el medio de esta revuelta, las fuerzas políticas del momento se vieron obligadas a llegar a un acuerdo que le llamaron “el acuerdo por la paz social y la nueva constitución”. Este acuerdo, abrió un proceso institucional mediante el cual Chile se encuentra el día de hoy de cara a una de las elecciones más importantes de su historia democrática. El 4 de septiembre se decidirá vía plebiscito si la Constitución que regirá en Chile seguirá siendo la de 1980 o una nueva que fue escrita en un proceso inédito e incluyente, por 154 Convencionales Constituyentes electos democráticamente, con paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas.
El texto que elaboraron los convencionales introduce cambios relevantes en la arquitectura del Estado. Quizás, lo que resulta más llamativo acerca de la propuesta de nueva Constitución es la nutrida partida de derechos sociales que el texto consagra, contrario a la anterior Constitución que prácticamente entregó al mercado las necesidades básicas de la población como educación, salud y pensiones de vejez.
Dentro del abanico de derechos sociales, se encuentra consagrado en el texto el derecho a un “mínimo vital de energía asequible y segura” que deberá ser garantizado por el Estado. Esto no deja de ser relevante en Chile donde, según la Red de Pobreza Energética, un 22,6 % de hogares realiza un gasto excesivo en energía y un 16,9 % de ellos limita su gasto de energía. El texto señala que el Estado “fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto Ambiental”, y que además “protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo”. Es decir, busca que el modelo de Desarrollo del Sistema eléctrico sea en base a formas asociativas y cooperativas.
La DGRV pretende continuar con la elaboración de una Guía para la creación de Cooperativas de Generación Distribuida Comunitaria en Chile. Estos esfuerzo fueron iniciados en el 2019. En esta ocasión espera contribuir al desarrollo de experiencias mediante la capacitación de organizaciones sociales, profesionales y funcionarios públicos.
Una vez capacitadas, la DGRV acompañará a estas organizaciones, en especial a la que estén más interesadas, con asesorará en el proceso de toma de decisiones, elaboración técnica y redacción de estatutos. Se espera culminar este proceso con la conformación de la primera Cooperativa de Energía Solar que abastezca de una porción significativa de la energía que consumen sus asociados. Este proyecto está alineado a los cambios y transformaciones que se espera traiga la aprobación del nuevo texto constitucional.
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